El Consejo Empresarial de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) considera que, tras la lamentable campaña de verano y con las previsiones de otoño invierno, las pérdidas previstas por el COVID pueden alcanzar al 75% de la facturación en 2020. Esto supone unos 16.100 millones de euros, en un sector estratégico para la economía que representa el 13% del PIB, con más de 350.000 empleos repartidos entre 90.000 empresas turísticas.
Los empresarios turísticos piden a las administraciones publicas medidas urgentes para facilitar la supervivencia, dada la práctica desaparición de la demanda turística, lo cual llevará al cierre de las empresas y a la pérdida masiva del empleo. La CEA considera prioritario recuperar la imagen del país, generar confianza y atajar el desprestigio internacional que se desprende de la gestión que de la pandemia se está haciendo en España.
Respecto a las medidas que se están adoptando, los empresarios lamentan una falta de estrategia global y rapidez en las respuestas “pues ya no estamos ante el inicio de una crisis, sino en pleno desarrollo de la misma y las medidas deberían estar en marcha y plenamente vigentes”. Asimismo, añaden que “cualquier reparto de fondos tanto nacional como europeo, debería tener en cuenta la singularidad y afección del sector turístico en el territorio”.
En el ámbito laboral, la CEA apuesta por la máxima extensión temporal de los ERTES y que se eliminen las cuestiones relativas a empleabilidad. En el ámbito financiero, en el inicio de la crisis se articularon mecanismos que, sobre todo a autónomos y pymes, les han permitido mantener una cierta capacidad pero el propio desarrollo de la situación hace necesario que esa política financiera gire hacia una política de ayudas y fondos que compense pérdidas y facilite el mantenimiento de la actividad.
Sobre las medidas anunciadas por el Gobierno de Andalucía del fomento de la demanda, el Consejo Empresarial de Turismo reunido ayer señala que “los denominados bonos turísticos aún no están en marcha, ni se conoce su contenido ni entrada en vigor, pero pueden resultar ineficaces si no se activan de forma inmediata. Asimismo, en un contexto general de crisis probablemente no sean suficientes para lograr el objetivo perseguido, por lo que habría que insistir en lograr que fuera una medida de carácter nacional, que extienda el modelo IMSERSO al conjunto de la población”.
En cuanto a la Federación de Hostelería HORECA Andalucía, la CEA manifiesta que va a interponer recurso administrativo contra la orden que directamente afecta a la actividad empresarial que desarrollan, ya que entiende que la misma es discriminatoria y se ha adoptado siguiendo un acuerdo nacional que, previamente, no fue analizado con el sector.
En relación al mantenimiento de los costes sociales, piden a la administración central su reducción así como la flexibilidad de los gobiernos locales a la hora de cobrar impuestos como el IBI o IAE que se mantiene constante, a pesar de que las empresas no han podido desarrollar su actividad. Del mismo modo, aseguran que es posible articular medidas de apoyo e impulso a arrendadores y arrendatarios logrando paliar la sangría que supone el pago de una renta sin poder ejercer la actividad, lo cual supondrá la desaparición del negocio jurídico perjudicando a ambas partes.
Finalmente, ante las noticias de que se pueda producir el rescate de grandes compañías, empresas estratégicas y tractoras en el sector, comparten la importancia de las mismas, pero solicitan que por parte del Gobierno se articulen instrumentos jurídicos de rescate que aporten transparencia y, sobre todo, que facilite que empresas de menor dimensión puedan también acogerse a los mismos.
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